La exclusión de una candidata ternada y la designación de un postulante que no figuraba en la terna oficial expone una práctica que erosiona la confianza institucional.

En Entre Ríos, el sistema de selección de jueces está mostrando síntomas preocupantes. El reciente caso de la Dra. Muñiz —quien integró una terna conformada por el Consejo de la Magistratura pero quedó afuera cuando se enviaron los pliegos al Senado— revela más que una simple irregularidad: habla de una deriva institucional donde los procedimientos pierden sentido y los concursos parecen ser apenas una formalidad.

El hecho es grave, no por una cuestión de nombres propios ni de rivalidades, sino porque se rompió una regla básica: fue designado un candidato que ni siquiera había sido ternado. En un escenario ideal, discutir si un gobernador elige al primero, segundo o tercer lugar de una terna es parte del juego democrático. Pero cuando directamente se saltea la terna y se nombra a alguien por fuera, la legalidad misma entra en disputa.

No se trata aquí de un tecnicismo. El Consejo de la Magistratura fue creado como una conquista institucional para democratizar la justicia y reducir el margen de discrecionalidad política en la designación de jueces. Saltarse ese mecanismo no sólo erosiona la confianza pública, sino que debilita los cimientos del Poder Judicial. Si da lo mismo concursar que no, entonces el mérito pierde valor y la voluntad política se convierte en el único criterio de selección.

El caso de Muñiz, además, muestra un sesgo de género que no puede ser pasado por alto: con su exclusión, tres varones fueron designados, desplazando a la única mujer de la terna. Esta decisión, en un contexto en el que se exige paridad y mirada de género en las instituciones, no puede considerarse inocente.

Pero este episodio no es aislado. Es el reflejo de un deterioro más profundo que afecta al Consejo de la Magistratura desde que se profundizó la interna entre la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General. Una grieta dentro del Poder Judicial que convirtió al Consejo en un terreno de disputa y debilitó su legitimidad como órgano de selección técnica e imparcial.

En paralelo, la reciente media sanción a la reforma del Consejo de la Magistratura avanza ignorando advertencias de la Asociación de la Magistratura, de facultades universitarias y de otros actores del sistema judicial. Lejos de ser escuchadas, esas observaciones fueron desoídas por un oficialismo apurado por sacar la reforma en medio de un contexto de alta fragilidad institucional.

Y algo similar ocurrió con el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Fue trabajado durante años por operadores del fuero penal, pero fue desechado apenas el procurador García lo calificó de inconstitucional. El Ejecutivo lo retiró rápidamente, prometiendo crear una comisión bicameral para redactar uno nuevo. Todos sabemos lo que significa eso en la política argentina: archivo lento, elegante y definitivo.

La sensación que deja todo este entramado es que los mecanismos institucionales se vacían cuando dejan de ser funcionales a los intereses de quienes toman decisiones. La justicia entra así en un terreno pantanoso donde el mérito, la técnica y la transparencia pierden fuerza frente a las urgencias del poder. Y mientras tanto, las causas más graves, las de alto impacto, siguen estancadas o negociadas a puertas cerradas. Como si nada importara. Como si la justicia ya no tuviera forma ni contenido.