La muerte de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años que falleció tras ingresar en estado crítico al hospital regional de Comodoro Rivadavia, generó una fuerte conmoción y abrió una investigación que apunta tanto a su madre biológica como a posibles fallas en el sistema de protección infantil.

En las últimas horas, el caso sumó un elemento impactante: un video en el que el pequeño se muestra llorando y negándose a ir con su madre, quien hasta el momento es la principal señalada por presunto maltrato.

En medio del dolor, Lorena, su madre de crianza, brindó un testimonio cargado de denuncias y cuestionamientos. La mujer responsabilizó directamente a la madre biológica y a su pareja por la muerte del niño, pero también apuntó contra organismos estatales, profesionales y el ámbito judicial, a quienes acusó de haber ignorado reiteradas señales de violencia.

Según relató, la familia mantenía la esperanza de una recuperación mientras el niño permanecía internado, ya que no habían sido informados de que había ingresado en estado de coma y posteriormente con muerte encefálica. En ese contexto, aseguró que incluso les indicaron comprar elementos de higiene, lo que reforzó la idea de una posible mejoría.

Lorena denunció además falta de respuesta por parte de la Defensoría, donde —según su testimonio— no fueron atendidos y les indicaron realizar la denuncia en otra dependencia. Finalmente, acudieron a Fiscalía, donde radicaron una denuncia penal no solo contra la madre biológica y su pareja, sino también contra funcionarios y profesionales vinculados al caso.

La mujer sostuvo que existían antecedentes e informes que advertían sobre la situación del niño. Entre ellos, mencionó reportes escolares que daban cuenta de signos de abandono, como que el menor asistía con hambre, sucio o con posibles marcas físicas. Según afirmó, estas señales fueron comunicadas a las autoridades sin que se tomaran medidas.

También cuestionó decisiones institucionales, como el cambio de establecimiento educativo del niño, que —según dijo— interrumpió el seguimiento de su situación.

En un momento de profunda angustia, Lorena expresó su culpa por haber entregado al niño, decisión que, según explicó, estuvo condicionada por medidas judiciales como una restricción de acercamiento. La mujer señaló que temía nuevas sanciones y aseguró que las decisiones estuvieron avaladas por profesionales del área de protección.

La investigación continúa mientras el caso genera indignación y reabre el debate sobre la actuación de los organismos encargados de proteger a la infancia en situaciones de vulnerabilidad.