El Gobierno nacional presentó el proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa que será enviada al Congreso y que busca incentivar la incorporación de los denominados “dólares del colchón” al sistema financiero, ampliando beneficios y reforzando garantías para los contribuyentes.

El anuncio fue encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, junto a especialistas tributarios que participaron en la elaboración de las modificaciones.

El objetivo central del proyecto es permitir que quienes mantienen ahorros fuera del sistema puedan regularizarlos sin sanciones, promoviendo al mismo tiempo la inversión, el crédito y una mayor recaudación.

Durante la presentación, Caputo afirmó que existe una gran cantidad de divisas fuera del circuito formal y señaló que se estima que hay alrededor de 170.000 millones de dólares en esa situación. Según explicó, incorporar esos fondos a la economía es clave para impulsar el crecimiento.

El ministro remarcó que “el espíritu de la ley no cambia”, ya que la iniciativa continúa enfocada en brindar una oportunidad para formalizar ahorros sin penalidades, especialmente para quienes se vieron afectados por restricciones cambiarias en el pasado.

Entre las principales modificaciones, se destaca la ampliación del universo de contribuyentes. El nuevo texto elimina límites patrimoniales y de ingresos, permitiendo que todas las personas humanas y sucesiones indivisas puedan adherir al régimen.

Además, los denominados grandes contribuyentes podrán acceder a una modalidad simplificada en la que el organismo recaudador calculará el impuesto, aunque sin acceder a todos los beneficios previstos.

Otro cambio relevante es la redefinición de la “discrepancia significativa”. Solo se considerará como tal cuando el organismo detecte diferencias que superen ciertos parámetros técnicos. Incluso si se supera el 15%, el contribuyente no quedará excluido si la diferencia no alcanza un mínimo determinado.

El proyecto también introduce mayores garantías frente a los controles. Se establece la inversión de la carga de la prueba, por lo que será el organismo recaudador quien deba demostrar las inconsistencias utilizando información concreta, sin recurrir a presunciones.

Asimismo, se incorpora un mecanismo que permite al contribuyente corregir su situación mediante una declaración jurada rectificativa. Si regulariza y paga lo adeudado dentro de los plazos establecidos, podrá mantener los beneficios del régimen.

Finalmente, se prevé que, en caso de que un ajuste sea revertido, el organismo deberá reintegrar los montos abonados junto con los intereses correspondientes en un plazo determinado.

El proyecto será enviado al Congreso para su tratamiento legislativo, donde se definirá su aprobación y eventual implementación.