El Senado de la Nación sesiona este jueves para tratar una serie de proyectos impulsados por el Gobierno nacional, entre los que se destacan una iniciativa sobre propiedad privada que elimina restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y establece desalojos exprés en casos de usurpación.
La propuesta forma parte de un acuerdo alcanzado entre La Libertad Avanza y bloques dialoguistas para incluirla en el temario junto con el proyecto que autoriza el pago de más de 171 millones de dólares a fondos de inversión que mantienen litigios contra la Argentina.
Además, la Cámara alta debatirá la aprobación de 50 pliegos de jueces, fiscales y defensores, así como proyectos para la creación de nuevas cámaras federales en Mar del Plata y Tucumán.
Cambios en la compra de tierras por extranjeros
El proyecto elimina los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.
No obstante, mantiene la prohibición para que Estados extranjeros, empresas controladas por gobiernos de otros países o fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con recursos estatales extranjeros puedan adquirir inmuebles rurales en territorio argentino.
La iniciativa establece que las provincias conservarán la jurisdicción sobre sus territorios y deberán autorizar las operaciones cuando no intervenga ningún Estado extranjero.
Desalojos exprés para inmuebles usurpados
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la implementación de desalojos exprés en casos de usurpación.
Según el texto, el procedimiento abreviado se aplicará únicamente a inmuebles ocupados ilegalmente. Para el resto de las situaciones vinculadas a contratos de alquiler se mantendrán los mecanismos actuales.
En los casos de mora en el pago de alquileres, el propietario deberá intimar al inquilino mediante una notificación fehaciente otorgándole un plazo de diez días. Si no regulariza la situación, podrá iniciar una acción judicial de desalojo que deberá tramitarse por el procedimiento más breve previsto por la ley.
Cambios en expropiaciones
La iniciativa también introduce modificaciones en materia de expropiaciones.
Entre ellas, establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y contar con fundamentos claros por parte del Estado.
Además, fija un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante y determina que los intereses deberán calcularse tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación a 30 días.
Modificaciones en la ley de manejo del fuego
Otro de los cambios contempla la derogación de las restricciones que impedían modificar durante 30 años el uso de predios rurales afectados por incendios.
En el caso de los bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el uso del suelo tras un incendio, aunque se elimina el plazo de 60 años que establecía la legislación vigente.
Debate por el pago a fondos de inversión
El Senado también analizará un proyecto que autoriza al Gobierno nacional a pagar 171 millones de dólares a los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP para cerrar litigios vinculados a títulos públicos en default.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, busca evitar que continúen las acciones judiciales contra activos argentinos en el exterior.
El acuerdo contempla un pago único de 67 millones de dólares a Bainbridge y otro de 104 millones de dólares a Attestor. A cambio, los acreedores deberán entregar los títulos involucrados en los litigios y desistir de futuras acciones vinculadas a esos bonos.
Según el Gobierno, la ley debe ser aprobada antes del 30 de junio para cumplir con los plazos establecidos en los acuerdos alcanzados con los acreedores.
