El Poder Ejecutivo de Entre Ríos enviará en las próximas horas a la Legislatura el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, una iniciativa que busca mejorar la sostenibilidad del sistema previsional sin afectar los derechos adquiridos de los actuales beneficiarios.

Según informaron desde el Gobierno provincial, el proyecto garantiza que ningún jubilado verá modificado su haber y mantiene el 82% móvil sobre el salario bruto, además de la actualización de los ingresos en función de las paritarias estatales.

Uno de los puntos centrales es la modificación de la edad jubilatoria, que se aplicará de manera gradual. Para los trabajadores actuales, se prevé una adecuación progresiva hasta los 65 años, mientras que para quienes ingresen al Estado tras la sanción de la ley, la edad se establecerá en 68 años. La transición tendrá plazos de entre cinco y veinte años, con el objetivo de no afectar a quienes están próximos a jubilarse.

La iniciativa también incorpora cambios en el cálculo del haber inicial, ampliando la base a 240 meses de aportes para lograr un esquema más equitativo y evitar distorsiones derivadas de ascensos recientes, manteniendo siempre el criterio del 82% móvil.

En relación a los regímenes especiales, el proyecto no elimina beneficios ni jubilaciones anticipadas. Sin embargo, establece que quienes accedan a estos regímenes deberán continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria, en línea con disposiciones ya contempladas en la normativa vigente.

Otro de los puntos acordados con los gremios es la implementación de un aporte solidario extraordinario, progresivo y transitorio que alcanzará únicamente a los salarios más altos. Quedarán excluidos quienes perciban ingresos inferiores a tres millones de pesos mensuales, lo que representa a la gran mayoría de los trabajadores.

Desde el Ejecutivo señalaron que la reforma responde a la situación crítica del sistema previsional, que actualmente presenta una relación de 1,9 trabajadores activos por cada jubilado. En la última década, la cantidad de beneficiarios creció un 40%, mientras que los aportantes aumentaron solo un 25%.

La propuesta forma parte del proceso de ordenamiento de las cuentas públicas y comenzará su tratamiento legislativo en ambas cámaras. En paralelo, la provincia mantiene un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por fondos adeudados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.