La causa por las presuntas estafas vinculadas a viajes turísticos continúa avanzando en la Justicia entrerriana luego de las denuncias realizadas por decenas de personas de Paraná, Diamante y localidades cercanas que aseguraron haber pagado excursiones que nunca se concretaron.

La mujer señalada como responsable fue identificada como Carina Spahn, conocida por organizar viajes a distintos puntos del país. Según denunciaron los damnificados, habían abonado importantes sumas de dinero para participar de excursiones —principalmente hacia Mendoza— que finalmente fueron suspendidas sin devolución del dinero.

El caso tomó notoriedad pública en julio del año pasado y, a nueve meses de las primeras denuncias, solo una persona habría logrado recuperar parcialmente el dinero entregado.

El abogado querellante Franco Azziani confirmó que la Fiscalía resolvió imputar formalmente a Spahn por el delito de estafa.

“Este legajo se inició a raíz de una denuncia por un supuesto incumplimiento de un viaje allá por abril del año pasado. Después esto fue escalando y se llegó a un total de 33 denunciantes”, explicó el letrado.

Según precisó, actualmente quedaron 23 hechos encuadrados legalmente como incumplimiento o estafa. “Hay 23 damnificados que al día de hoy siguen sin obtener ningún tipo de respuesta por parte de esta mujer”, afirmó.

Azziani indicó además que ya se encuentra en marcha la investigación penal preparatoria. “Eso ha llevado a que la Fiscalía tome la decisión de imputar formalmente a esta señora por el delito de estafa. Esto sucedió hace un par de semanas y ahora tendrá que afrontar la investigación penal preparatoria”, sostuvo.

De acuerdo a la estimación realizada en la causa, el perjuicio económico total rondaría entre 18 y 20 millones de pesos.

Durante el proceso judicial se intentaron instancias de conciliación y acuerdos privados para evitar el avance de la causa penal, aunque finalmente no se concretaron.

“Hubo una instancia de conciliación, pero nada de eso se cumplió; inclusive los acuerdos privados tampoco se respetaron”, remarcó el abogado.

El representante legal explicó que, debido al incumplimiento de esos compromisos, la Justicia decidió continuar con la investigación y avanzar en el proceso penal.

“Si no hay reparación económica, la situación podría resolverse en un juicio oral y público”, advirtió.

Finalmente, Azziani recordó que en este tipo de delitos patrimoniales suele priorizarse el resarcimiento de las víctimas, aunque aclaró que, si eso no ocurre, la imputada deberá responder ante la Justicia penal.