El oficialismo logró apoyo para avanzar con la baja de 16 a 14 años. El proyecto propone penas alternativas y solo permite prisión en delitos graves.
La Cámara de Diputados avanzó este martes con un dictamen para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto, impulsado por el oficialismo y sus aliados, ya está listo para ser tratado en el recinto y establece penas alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño y monitoreo electrónico. Solo se contempla la privación de la libertad en delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro.
El dictamen obtuvo 77 firmas —cuatro más que el mínimo requerido— gracias al respaldo de legisladores del PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre. Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se manifestaron en contra. La propuesta busca implementar un nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplace al actual, y prioriza la intervención educativa y social por sobre el encarcelamiento.
El texto establece que la pena de prisión efectiva no se podrá aplicar en condenas menores a 10 años, y que los delitos que superen ese umbral deberán ser evaluados por un juez, quien podrá combinar la prisión con medidas alternativas. En el caso de penas entre 0 y 3 años, directamente se descarta el encarcelamiento.
Originalmente, el proyecto presentado por los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) proponía un piso de 13 años, pero el oficialismo debió consensuar los 14 años para lograr el dictamen mayoritario entre los 15 proyectos presentados. “El despacho arribado es un símbolo del trabajo legislativo de consenso”, expresó la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), titular de la comisión de Legislación Penal.
Uno de los principales focos de debate fue la falta de inversión en infraestructura adecuada para alojar a los menores en caso de detención. Por eso, se incluyó una cláusula que prohíbe a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia no cuenta con instituciones especiales y personal capacitado. Estos centros deben garantizar educación, atención médica y tratamiento por adicciones, y no podrán alojar a menores junto a adultos.
Entre las penas alternativas figuran la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, reparación integral del daño, asesoramiento psicológico y capacitación laboral. También se contempla la atención a problemáticas estructurales como salud mental, consumo de sustancias y violencia familiar.
Desde el kirchnerismo, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó duramente la medida: “Nadie elige ser delincuente. Necesitamos más Estado para los pibes y pibas de Argentina, no cárceles”. Unión por la Patria presentó su propio proyecto sin modificar la edad de imputabilidad, y acusó al oficialismo de hacer “campaña con consignas vacías”.
A pesar de esta oposición, algunos legisladores que habían presentado iniciativas similares fueron reemplazados por otros más alineados con la postura del bloque en la previa del plenario, lo que podría ser decisivo cuando el tema llegue al recinto.
Por su parte, desde el Gobierno celebraron el avance. “Después de 314 días de haber presentado el proyecto de ley, podemos avanzar en la baja de la edad de imputabilidad. Es simple: el que es lo suficientemente grande para matar o violar, es grande para afrontar las consecuencias e ir preso”, sostuvo el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.
