La contratación de esta empresa, por parte del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), fue cuestionada en abril de 2021. Por un lado, la organización Ollas Por Vida Digna consideró que todo ello implicaba una tercerización por parte del Mides y que, por lo tanto, tendría un costo mucho más alto.

Por su parte, el sindicato del Mides habló de su disgusto en cuanto a que se asignara una suma de dinero tan grande a través de una modalidad de compra directa, sin pasar por procesos de licitación. Agregaron que era peor que se hiciera a través de “una fundación sin ninguna trayectoria de trabajo en políticas sociales” y “habiendo una unidad ejecutora”, el Instituto Nacional de Alimentación (INDA).