La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece la suspensión de un diputado de sus derechos si está siendo procesado por la supuesta comisión de un delito.

Hasta ahora, según la ley, un parlamentario quedaba suspendido en el ejercicio de sus derechos cuando, previa privación de la inmunidad, había sido condenado mediante sentencia firme a la pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo mientras dure la pena.
Con la reforma, propuesta y aprobada por los legisladores sandinistas, se establece que el diputado quedará suspendido en el ejercicio de sus derechos cuando, previa privación de la inmunidad, “el diputado o diputada esté siendo procesado por la supuesta comisión de un delito”.