Transitando su tercera década como proyecto, y como ocurre en cada año desde 2014 (cuando se asignaron las primeras partidas para su estudio de factibilidad), la construcción del puente Paraná-Santa Fe vuelve a estar presente en el proyecto de presupuesto nacional.

En la iniciativa legislativa elevada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, para el ejercicio 2022, la esperada y necesaria infraestructura para el área metropolitana fue incluida dentro de un amplio y variado paquete de obras que requieren autorizaciones para toma de préstamos internacionales.

En el capítulo de Operaciones de Crédito Público, y que incluye inversiones multimillonarias también en redes ferroviarias, de transporte eléctrico, saneamiento y hasta para la central nuclear Atucha III, y otros viaductos como un nuevo enlace vial sobre el río Paraná entre las provincias de Corrientes y Chaco, la segunda conexión física entre las capitales de Santa Fe y de Entre Ríos fue incorporada con un monto previsto aproximado a los 920 millones de dólares, y con una plazo de ejecución que demandaría tres años, aunque técnicamente, los proyectos trazados hasta el momento afirman un mínimo de cuatro años.

Mientras el túnel subfluvial se aprestar a cumplir en pocas semanas más sus 52 años de existencia, el proyecto de Puente Paraná-Santa Fe entra y sale de la agenda pública fundamentalmente por las dificultades que desde 2017 atraviesa el país para acceder a financiamiento internacional, condición ineludible para afrontar tanto ésa como otras obras de infraestructura de altísimo costo.

Durante sus cuatro años de gobierno, Mauricio Macri lo prometió cada año e incluso la incorporó dentro de sus proyectos de presupuestos anuales para la administración pública nacional.
Así fue que la apertura de sesiones del Congreso Nacional, en marzo de 2017, Macri anunció el nuevo viaducto Santa Fe-Paraná, por un monto de 900 millones de dólares y cuya licitación iba a realizarse en septiembre de 2017.

Ello no prosperó, como tampoco la idea de la anterior gestión, de realizar obras bajo una figura jurídica presentada como Participación Público Privada (PPP), que finalmente no viabilizó ni ésa, ni otra decena de desarrollos de infraestructura previstos. Desatada la crisis económica en el país, en 2018, prácticamente no hubo nuevos avances.

Fuente: Diario Uno