Através de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno avanzó sobre el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la herramienta fiduciaria utilizada para urbanización de barrios populares que quedó envuelta en polémica tras descubrirse que los fondos eran administrados por dirigentes ligados a Juan Grabois. La administración mileísta resolvió desfinanciarlo y reducir el aporte que recibe del impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) al 1%.

En el decreto firmado hoy por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse se estableció la sustitución del artículo 2 del decreto N°184 que entró en vigencia el 26 de febrero de 2020, en el tercer mes del mandato de Alberto Fernández. De esta forma se modificó la asignación específica del 30% que estaba establecido en el inciso “b” del artículo 42 de la Ley Nº27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.

A partir del decreto publicado hoy se modificó la asignación específica del 30% y se disminuyó al 1% la asignación al FISU, mientras que se amplió la partida a las obras de infraestructura económica a un 94%. En tanto, el 5% restante se seguirá destinando al fomento del turismo nacional.

El FISU, creado el 5 de diciembre de 2019 en el marco de la Ley N° 27.453 de Régimen de Regulación Dominial para la Integración Socio Urbana para el financiamiento de obras de vivienda social, ahora solo percibirá el 1% del Impuesto PAIS, mientras que el 94% de lo recaudado irá destinado a obras de infraestructura económica y el restante 5% al fomento del turismo nacional.

FISU
Según los números a los cuales accedió LA NACION, el FISU manejó $480.611.383.294,59 durante los últimos cuatro años, pero solo concluyó el 6% de la obras asignadas. Este, al igual que otros fondos fiduciarios investigados por el Gobierno como una “caja negra de la política”, se convirtió en uno de los objetivos de Milei y Caputo para recortar gastos del Estado. Se trató del punto de inflexión que terminó por hacer fracasar el proyecto de ley ómnibus cuando se trató en Diputados. El Ejecutivo pretendía obtener facultades para disponer a su voluntad de los fondos.

El fideicomiso fue creado por ley para financiar proyectos a partir de la inscripción de villas en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y recibía sus fondos no solo del impuesto PAIS sino también del dinero proveniente del aporte solidario extraordinario implementado durante la pandemia, sumado a múltiples asignaciones por parte de organizaciones internacionales.

Durante el gobierno de Alberto Fernández la ejecución de este fondo (si bien comparte responsabilidades con la Agencia de Administración de Bienes del Estado) estuvo a cargo de Fernanda Ramona Miño, una referente asociada a Grabois.

Según denunció el Gobierno, de las 6517 obras reportadas por el FISU tan solo 400 figuran como finalizadas, es decir un 6%. En tanto, 5886 se encontrarían en ejecución y 231 en etapa de contratación. A su vez, 133 de las finalizadas tienen que ver con veredas y cordones cuneta (más de un tercio). El resto se reparten entre “conexiones eléctricas”, “conexiones de agua”, “mejoramientos de vivienda” y “fortalecimiento comunitario en barrios populares en el marco del Covid-19″, entre otros.