La acción se enmarca en una investigación dirigida por el Juzgado Federal de Concordia, bajo la supervisión de la Dra. Analía Ramponi y el secretario del Juzgado Federal, Alan Bergdolt. La red desarticulada estaría involucrada en una estafa millonaria al Estado, centrada en la tramitación de pensiones ilegales no contributivas por invalidez, simulando enfermedades, a cambio de sumas cercanas a los $60,000 por cliente, generando considerables ganancias para los involucrados y pérdidas sustanciales en los fondos estatales. Hubo más de 20 registros domiciliarios simultáneos, incluyendo viviendas, consultorios y oficinas de ANSES y PROMAR.

Hay 4 médicos involucrados, entre los que se menciona un reconocido clínico que supo ser director de uno de los hospitales públicos de la ciudad, ex funcionario de la obra social IOSPER y ex candidato a viceintendente.

Este martes por la mañana, Gendarmería realizó 22 allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Concordia en un operativo que fue la culminación de una investigación que duró más de un año y que incluyó seguimientos, filmaciones y escuchas telefónicas, además del análisis de múltiples informes que dan cuenta que los estafadores tramitaban pensiones por invalidez y fraguaban información de los futuros beneficiarios.

Por ahora cuatro médicos de Concordia estarían involucrados en la trama y no se descarta la intervención de otros que todavía no están individualizados. Si bien sus identidades no fueron reveladas, trascendió que uno de ellos sería un médico clínico muy conocido, que supo ocupar funciones en la administración pública como director de un nosocomio estatal, centros salud, y funcionario de la obra social de los trabajadores y trabajadoras del estado entrerriano, el IOSPER. También incursionó en política como compañero de fórmula en 2015 de un reconocido referente social, profesional y frecuente candidato a intendente de la ciudad que pasó del bustismo, al vecinalismo y finalmente a Juntos.

En los allanamientos, se incautaron documentos vinculados con las pensiones, sellos de profesionales médicos, dispositivos electrónicos, armas de fuego, marihuana y cocaína. La jueza federal de Concordia ordenó la prohibición para salir del país de siete personas y más de 20 registros domiciliarios simultáneos, incluyendo viviendas, oficinas y consultorios. Además, se realizaron allanamientos en las oficinas de ANSES y de la Agencia Nacional de Discapacidad, que funciona en el edificio del Programa Municipal de Asistencia y Rehabilitación (PROMAR).

Las cuatro personas detenidas, hasta el momento, comenzarán a ser indagadas en los próximos días en relación con una compleja asociación destinada a cometer delitos en perjuicio de las arcas de la administración pública nacional. La Gendarmería Nacional ha intensificado sus acciones para desmantelar este esquema de fraude y se espera que nuevos detalles emerjan a medida que avance la investigación.

Según consta en la investigación, la Asociación ilícita desarticulada “ofrecía conseguir pensiones no contributivas del Estado Nacional creando enfermedades a cambio de sumas que rondaban los $60.000,00 pesos por cliente, generando considerables ganancias para los involucrados e incalculables perdidas en los fondos del estado”.

Fuente: DIARIOJUNIO