En diálogo con La Cúpula, Alejandro Di Palma, empresario del sector, manifestó que hay preocupación por el panorama en relación con la accesibilidad al gas licuado de petróleo (GLP) para las pequeñas y medianas empresas en Argentina.

El mercado del GLP, según Di Palma, está mayormente controlado por grandes empresas en lugar de las pymes. “Este mercado impacta directamente en el 40% de la población, especialmente en el 100% de aquellas con menores recursos económicos”. Dado que el GLP es esencial tanto para la producción como para la vida cotidiana, su precio es una variable crítica que afecta a diversos sectores de la sociedad.

El Estado nacional tiene la responsabilidad de regular este mercado para evitar consecuencias negativas en la economía, especialmente en los sectores más vulnerables. Sin embargo, según Di Palma, “la falta de estrategia y regulaciones efectivas ha llevado a un mal direccionamiento de los subsidios, afectando tanto a la oferta como a la demanda”.

El impacto del GLP no se limita solo al ámbito económico, sino que también afecta la producción en Argentina, aumentando los costos de bienes y servicios de manera indirecta. La falta de regulaciones y estrategias claras ha llevado a un escenario donde la relación entre el Estado y las empresas del sector energético se percibe como un chantaje, con consecuencias perjudiciales para la sociedad.

Di Palma destaca la necesidad de una reformulación completa por parte del Estado en términos de regulación y estrategia. Señala que “la falta de comprensión estratégica ha llevado a situaciones como el reciente episodio de desabastecimiento, que no solo fue causado por la escasez sino también por estrategias cuestionables de las petroleras”.