En una reciente publicación, un grupo de expertos detallan su preocupación en la provincia de Entre Ríos, se ha revelado que la Central Hidroeléctrica Salto Grande no ha obtenido una compensación justa por los servicios proporcionados al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de su red de transmisión.

Alejandro Di Palma, empresario y uno de los firmantes de la publicación, explica que en “la reciente Resolución Nº 750/23 de la Secretaría de Energía de la Nación fue citada como evidencia de que la compensación no fue histórica ni equitativa. En lugar de abordar las preocupaciones legítimas de la provincia de Entre Ríos, la resolución simplemente redefine los valores de retribución de la energía para todos los generadores, incluidas las centrales hidroeléctricas”.

La disparidad en los precios de generación de energía también se ha destacado, ya que ENERSA, la empresa provincial de energía, debe pagar a CAMMESA un precio 18 veces más alto por la energía que consumen los entrerrianos. Esto ha llevado a que los entrerrianos se sientan timados y explotados, ya que la manipulación de los precios de generación de energía afecta negativamente las regalías y los excedentes que recibe la provincia.

“Desde el inicio de las operaciones del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande hace 40 años, la energía generada ha sido transportada a otras provincias para su desarrollo, mientras que Entre Ríos no ha visto los beneficios prometidos” dijo Di Palma. La falta de resistencia y reclamos efectivos por parte de los gobiernos provinciales ha llevado a esta situación de explotación constante.

Los expertos locales instan a la concientización pública sobre el derecho de los entrerrianos a beneficiarse de sus recursos naturales y a reclamar una compensación justa por los daños sufridos. Consideran que esta lucha es crucial para el desarrollo de la provincia y esperan que la sociedad se una a su causa.

La pretensión principal es que Entre Ríos obtenga el 100% de la energía generada por el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande o, al menos, una compensación equitativa que permita impulsar el desarrollo de la región. Los argumentos para respaldar esta demanda incluyen la titularidad provincial de la fuente generadora de energía, la amortización completa de las obras, el incumplimiento de objetivos de desarrollo y los graves daños económicos, ambientales y sociales sufridos por los entrerrianos.

La situación en Salto Grande plantea preguntas fundamentales sobre la propiedad y el uso de los recursos naturales en Argentina y ha generado un debate sobre la necesidad de un cambio significativo en la política energética para garantizar un trato justo para todas las provincias del país.