Según la investigación, el Ministerio de Vivienda de la región de Antofagasta firmó tres convenios por cerca de 500 mil dólares con una fundación encabezada por la diputada Catalina Pérez, de Revolución Democrática.

“Hoy tenemos una buena noticia, estamos promulgando la ley de protección a quienes denuncien actos de corrupción o falta de probidad en la administración pública”, dijo Boric durante una ceremonia en La Moneda.

La Ley de Protección de Denunciantes busca proteger a los funcionarios públicos que sean “testigos o víctimas” de actos de corrupción y necesiten garantías para denunciar.
Boric dijo que la ley posibilita “que las denuncias sean realizadas e investigadas con un nuevo canal digital que va a ser administrado por la Contraloría con la opción de mantener en reserva la identidad del denunciante” y señaló que la lucha contra la corrupción “requiere esfuerzos conjuntos, transversales y una visión de Estado”.

“Esta Ley de Protección al Denunciante es parte de una agenda de probidad más robusta, que estamos impulsando no sólo como gobierno sino como Estado junto a todas las instituciones públicas y los más diversos sectores políticos”, dijo el mandatario.

“Frente a cada irregularidad o delito que se ha descubierto o denunciado, hemos investigado, hemos instruido sumarios y he pedido la renuncia de quienes han faltado a sus deberes y a la fe pública”, continuó.

“Aquí no puede haber espacio para la impunidad ni para esconder la basura bajo la alfombra y quiero ser claro en esto: Vale para cualquiera”, subrayó.

Una encuesta de Plaza Pública Cadem publicada a comienzos de esta semana señaló que el 56% de los chilenos vincula a Jackson con el escándalo, mientras que el 33% de los consultados cree que el caso salpicó a Boric. El estudio también mostró que el 72% desaprobaba la gestión del Gobierno frente a la crisis.