El titular de la Asociación de la Magistratura de Entre Ríos, dijo que el acatamiento de las decisiones judiciales es un principio “elemental” de la República
Alejandro Cánepa, titular de la Asociación de la Magistratura manifestó en referencia al conflicto de poderes entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo y gobernadores por el fallo sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia decidió esta semana restituir a la ciudad de Buenos Aires fondos de coparticipación. Son recursos que el ex presidente Mauricio Macri le había asignado por decreto y que el Congreso, por ley, devolvió a la Nación. El presidente Alberto Fernández anunció que no acataría el fallo. La definición del mandatario fue acompañada por varios gobernadores, entre ellos Gustavo Bordet.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Magistratura de Entre Ríos señaló: “Independientemente de lo acertado o desacertado del fallo en sí, hay un principio elemental en toda República que es el cumplimiento de las sentencias judiciales. Hace a la esencia del estado de derecho”.
El presidente de la Asociación de Magistratura de Entre Ríos señaló que es en el marco de la constitución y con las herramientas que ella brinda que se debe defender “una distribución equitativa de los recursos coparticipables entre todas las jurisdicciones y provincias”.
· El desprestigio social
El 80% de los argentinos tiene una imagen mala o muy mala del Poder Judicial, según encuestas recientes, como el estudio de Proyección Consultora y Consultora Equis.
“Es complejo analizar eso – comentó Cánepa – Hay que partir de una base fáctica y cierta: los que trabajamos en el Poder Judicial estamos llamados a tomar medidas que no son populares, que no cumplen una determinada expectativa social, mediática o comunitaria”, expresó.
“Los límites de las decisiones que tomamos no son los sociales o comunitarios, sino estrictamente legales”, subrayó.
La incorporación del sistema de juicio por jurados al sistema judicial provincial ha comenzado a hacer cambiar la concepción entre la sociedad, observó.
“Me han tocado presidir dos juicios por jurado. Al terminar he conversado con los jurados para saber cómo lo han visto y sentido. Todos remarcan el peso de la responsabilidad y del peso de la decisión a tomar. Y también de las dificultades con las que se encontraron en algunos casos para tomar una resolución en función de las pautas legales específicas”, narró.
“A partir de que se empiece a participar y los jurados, que no solamente pueden ser penales sino también de otros fueros como el civil o el laboral en caso de que se creen, tomen conciencia del peso y el valor de la responsabilidad y los límites para decidir, creo que la concepción (de desprestigio) cambiará. Y está cambiando”, apuntó.
Asimismo, diferenció: “El Poder Judicial de Entre Ríos es altísimamente capacitado. Su nivel de profesionalismo es destacable. Y es probo. El espejo de la Justicia suele ser uno donde no nos incluimos, como por ejemplo Comodoro Py. Pero nada de eso sucede en la provincia”.
· Límites al poder popular
Pese a los beneficios de la democratización del Poder Judicial, Cánepa estableció cotos. No está de acuerdo con la posibilidad de que los fiscales y algunas instancias de la magistratura sean electos directamente por el voto popular, como ocurre en 49 de los 50 estados que integran los EEUU, de donde se copió el modelo penal que se aplica en Entre Ríos.
“No me termina de convencer. Hay principios específicos que establece nuestra Constitución y nuestro sistema republicano como los de imparcialidad y objetividad en la investigación que no sé hasta qué puntos pueden ser sostenidos en el marco de la elección popular de fiscales”, expresó.
“Si hay garantía de independencia del trabajo judicial es la estabilidad de sus cargos y la forma de selección. Aquí hay una selección profesional. Las entrevistas públicas, tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Senado, permiten conocer a quienes efectivamente van ejercer los cargos. No sucede esto en los otros poderes del Estado”, agregó.
“Nadie tiene la posibilidad de preguntarle a un legislador, a un gobernador o a un intendente y que cuente qué piensa de una cosa o de otra, cuál es su situación patrimonial y tributaria, todas las cosas que se nos preguntan a nosotros”, redondeó.