El proyecto de ley para crear una Fiscalía Anticorrupción tal cual manda la Constitución de 2008 fue aprobado por mayoría en Comisión e ingresará al pleno en la sesión de este miércoles 6. Será incorporado para su tratamiento en el orden del día de la siguiente, a concretarse en dos semanas.

El texto salido de Asuntos Constitucionales lleva solamente las firmas de los diputados oficialistas, pese a que el articulado enviado por el gobernador Gustavo Bordet sufrió múltiples alteraciones en busca del «mayor de los consensos» como pidió el mandatario provincial.

Al pie del texto, se pueden observar las rúbricas del presidente de la Comisión, Juan Pablo Cosso; Vanesa Castillo; Sergio Castrillón; Mariana Farfán; Juan Reynaldo Navarro; Carina Ramos y María del Carmen Toller.

Ningún legislador de Juntos por Entre Ríos acompañó la iniciativa.
• Peritos
El nuevo proyecto de ley varía la forma de selección de los equipos técnicos que asistirán a la futura Fiscalía Anticorrupción. En el texto original, los elegía el Consejo de la Magistratura y los nombraba por decreto el Ejecutivo. La oposición cuestionó que era una intromisión en otro poder.

Entonces los diputados resolvieron darle esa facultad, con limitaciones, al Procurador Jorge García. La redacción de este nuevo punto quedó así: “Los cargos de peritos enunciados en el Artículo 3° incisos d) y e) serán designados por Resolución del Procurador General de la Provincia de una terna vinculante propuesta por el Fiscal Anticorrupción, previo concurso público con intervención y apoyatura del Consejo de la Magistratura, con participación de los Colegios profesionales según las competencias requeridas, conforme el procedimiento que dicte el Decreto reglamentario”.

Además, el proyecto remitido al plenario habilita que la incorporación de profesionales técnicos se dé de forma progresiva y que no sea un limitante al funcionamiento de la Fiscalía.

La cuestión es que, de inmediato, convalida en esas funciones al actual equipo técnico de Fiscalía, cuya actuación en juicios contra la administración pública fue cuestionada por falta de incumbencia profesional. Algunos de sus informes fueron incluso descartados como pruebas por la Justicia de Garantías. A estos profesionales, empleados de la Procuración General, apelaban los fiscales para evitar que las pericias fueran hechas por técnicos imparciales nombrados por el Superior Tribunal de Justicia.
La disposición transitoria contempla: “El concurso y la integración de los profesionales previstos en el Artículo 3° incisos d) y e) podrá realizarse en forma progresiva, sin que ello impida la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción. Al ser puesto en funcionamiento el órgano, para su operatividad, podrá apoyarse en los órganos periciales existentes hasta la designación de los profesionales previstos en el Artículo 3º incisos d) y e)”.

Para respetar las incumbencias profesionales, el texto que envió Bordet establecía que el experto en informática que actuara en la Fiscalía Anticorrupción debía acreditar “Licenciatura o Ingeniería en Informática, con idoneidad para la investigación de datos obrantes en sistemas digitales”. Esto fue cambiado y quedó con la siguiente redacción: “Un cargo de experto en Informática, que deberá acreditar título de Licenciatura o Ingeniería en Informática, u otra carrera que acredite formación e idoneidad para la investigación de datos obrantes en sistemas digitales”.

Con el texto así no sólo se abre la puerta para que concursen profesionales en informática que no tengan la formación de grado completa y ostenten un título intermedio, sino también para que, aprovechando la ambigüedad, se presenten a concurso profesionales de otras disciplinas. Esto convalida de hecho lo actuado hasta ahora por García quien nombró a dedo a ingenieros biomédicos como peritos informáticos en razón de que en el cursado de la carrera dieron materias relacionadas con la informática.

• Materia pendiente
La oposición también había criticado que en la valoración del concurso para nombrar al Fiscal Anticorrupción se meritúe la experiencia en la administración pública nacional, provincial o municipal.
Consideraban que de esta manera, los profesionales del derecho nombrados en el Estado por los últimos gobiernos justicialistas correrían con ventaja.

Este artículo quedó, pero con un agregado para matizar las quejas de Juntos por el Cambio: “En la implementación del concurso ante el Consejo de la Magistratura, deberá otorgarse mayor puntaje a aquellos concursantes que acrediten antecedentes en la administración pública nacional, provincial o municipal, así como formación en materia de derecho administrativo”.

Tampoco satisficieron a la oposición los cambios con lo que se denomina “foro de atracción”. El texto original disponía que el nuevo Fiscal Anticorrupción se quedara de inmediato con las investigaciones de todas las causas por delitos contra la administración pública en trámite. En el que obtuvo dictamen, quedó reducido a aquellas que no tuvieran fecha de elevación a juicio.