Ellas son las esposas de dos de los siete aspirantes presidenciales nicaragüenses detenidos, por presuntamente atentar “contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense”.

Por tal razón, la Policía Nacional realizó investigación, y el Ministerio Público, habiendo hecho el debido análisis, presentará acusación, “ya que tales acciones se consideran violatorias al ordenamiento jurídico interno”, continuó.

Según el Ministerio Publico, “existen claros indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y el Código Penal.