Para evitar que el gobierno del presidente Guillermo Lasso expanda las extracciones petroleras y mineras en la amazonía ecuatoriana, distintas organizaciones indígenas del país han presentado una demanda ante la Corte Constitucional. La demanda indica que se ha vulnerado el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas de ser consultados sobre la ampliación de las actividades extractivas en sus territorios. Los miembros de las comunidades realizaron una marcha en contra de las decisiones del actual gobierno.

La demanda en contra del decreto 95, expedido por Guillermo Lasso, se refiere a la creación de la política de hidrocarburos de la administración de Lasso cuya meta es duplicar la producción de petróleo hasta 2025, pasando de producir 500.000 barriles diarios a un millón por día. Los pueblos indígenas sienten que su derecho a conocer y decidir las acciones a realizarse sobre su territorio ha sido vulnerado con este decreto.